A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sabanalarga, Atlántico y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla.

La causa de la controversia radica en una demanda ordinaria laboral presentada por un ciudadano, en contra del municipio de Santa Lucía, Atlántico, con el objetivo de que se declare que entre él y el municipio existió una verdadera relación laboral, en calidad de trabajador oficial, y como consecuencia de ello, se condene al pago de salarios adeudados, prestaciones sociales e indemnizaciones a su favor.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena recuerda que las personas naturales se vinculan con el Estado para prestar sus servicios u oficios, a través de tres tipos de relaciones: (i) como empleados públicos en virtud de una relación legal y reglamentaria; (ii) como trabajadores oficiales por medio de un contrato laboral, y (iii) como contratistas mediante un contrato estatal de prestación de servicios.

Al respecto, esta Corporación ha mencionado que las dos primeras modalidades suponen la existencia de un vínculo de carácter laboral, mientras que la última no, dado su carácter “contractual estatal”, modalidades dentro de los que el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala los contratos de prestación de servicios.

En este caso, el demandante fue contratado por el municipio de Santa Lucía para prestar servicios como vigilante mediante contratos de prestación de servicios.

Como se constata, el municipio de Santa Lucía es una entidad pública y la presente controversia se origina en la declaración de una existencia de una relación laboral a partir de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios entre el demandante y el municipio.

En ese sentido, la Sala considera pertinente reiterar la regla de decisión del Auto 492 de 2021, según la cual, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios con el Estado, de conformidad con el numeral 4 del artículo 104 del CPACA.

En consecuencia, la Corte dispone el envío del expediente al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla para lo de su competencia.